Cambiaban comida por sexo -- Extractos de la nota publicada en el diario Crítica 20-03-2009

Una diputada indígena del Chaco denunció que integrantes del Programa Alimentario Integral para el Impenetrable Chaqueño (Paicha), que asiste a las comunidades wichis, obligaron a nenas y adolescentes a tener relaciones sexuales con ellos, a cambio de comida. "Es algo que no tiene perdón", sostuvo Inocencia Charole, legisladora por el PJ —el partido del gobernador Jorge Capitanich— y de origen toba. (...) Las denuncias de las familias wichis del oeste provincial denunciaron que chicas de 13 a 15 años "son abusadas a cambio de mercaderías". (...) La comunidad donde se habrían cometido los abusos es Pompeya, un pueblo dentro de El Impenetrable que queda a 600 kilómetros de Resistencia. Los alimentos y la ropa que distribuyen los miembros del Paicha son vitales ya que es una zona en extrema pobreza. Rolando Núñez está al frente del Centro Mandela, un organismo de derechos humanos que fiscaliza la implementación de políticas publicas y manejo de presupuestos estatales y hace tres años trabaja con las comunidades indígenas de El Impenetrable. “Los abusos por parte de los funcionarios del Paicha en Pompeya es un secreto a voces desde fines del año pasado”, afirmó Núñez a Criticadigital y puntualizó que las comunidades wichí eligieron a la diputada Charole —toba, mujer y única legisladora indígena de la Provincia— para hacer la denuncia, con nombre y apellido de los implicados. “Para las familias indígenas estos temas son privados y se hablan entre mujeres y cuando depositan la confianza en una persona, ella es la elegida para actuar”, agregó. El Centro Mandela denunció varias irregularidades en la implementación del Paicha vinculadas al manejo discrecional de la distribución de la ayuda y cierto maltrato con la gente de las comunidades. “En El Impenetrable no hay justicia -advirtió Núñez-. Hay indefensión y mucha pobreza, que es lo mismo que decir impunidad”.

Ley de Bosques (fuente Página/12)

Hecha la ley, hecho el desmonte-- Organizaciones rurales denuncian el incumplimiento de la norma, el avance de los desmontes y la complicidad entre empresarios sojeros y la dirigencia política de las provincias involucradas. Como en Salta, donde acaban de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas. Con una flamante ley para la protección de bosques, 2008 prometía ser el año para detener la deforestación y conocer cuánto monte nativo permanecía a salvo. Luego de doce meses, y ante la ausencia de datos oficiales, organizaciones rurales relevaron seis provincias y confirmaron los temores: los desmontes continúan, las comunidades ancestrales siguen padeciendo desalojos y los gobiernos provinciales desoyen a campesinos e indígenas, a pesar de que la legislación establece como imprescindible su participación. Además, el Ejecutivo nacional aún no reglamentó la ley. El gobierno salteño –provincia líder en destrucción de bosques nativos– acaba de autorizar el desmonte de 1,6 millón de hectáreas, justo un día antes de que la Corte Suprema prohibiera la tala de bosques nativos en zonas autorizadas por la provincia. Y la Mesa de Enlace de Córdoba –principal responsable del avance de la frontera sojera y la deforestación– pretende decidir qué zonas se deben proteger y se autopostula como protectora del ambiente. Ver nota completa: Clik Aquí